Cambios electorales, ¿sin consenso?

La reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) que enviará el presidente López Obrador al Congreso será la primera en 44 años que no se pondría a consideración de todos los actores políticos ni buscará el consenso para construir la nueva arquitectura electoral.

Después de que el mandatario anunció su intención de modificar las leyes, senadores de Morena le tomaron de inmediato la palabra y trabajan en una versión que establece una reducción en el número de diputados plurinominales de 200 a 100; disminuye de 8 a 2 puntos el límite de la sobre representación de los partidos en la integración de la Cámara de Diputados.

También otorga derechos políticos a los ciudadanos con doble nacionalidad, establece el voto electrónico, incorpora el referéndum y plebiscito, además de la de consulta popular ya existente, crea la figura de “presupuestos participativos” en las entidades federativas del país.

La iniciativa que reforzará la que envíe el presidente López Obrador rediseña el texto del artículo 41 constitucional para destacar conceptos como soberanía, democracia y paridad y acciones afirmativas respecto a grupos vulnerables, plantea la reducción del Consejo Electoral del INE de 11 a 7 consejeros, elimina el Comité Técnico de Evaluación para la selección de aspirantes a Consejeros y regresa sus facultades a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Nos cuentan que especialistas y partidos políticos ven con preocupación las distintas iniciativas y las califican como autoritarias, ya que en los últimos 44 años todos los cambios incluyeron consultas previas con los actores políticos.

La primera gran reforma político–electoral que tomó la opinión de los partidos fue en 1977, durante el gobierno del entonces presidente José López Portillo. En ésta se logró un consenso previo durante 12 audiencias públicas.

Este cambio constitucional incorporó el derecho a la información y, sobre todo, reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público. En ese año se estableció la composición de la Cámara de Diputados en 400 diputados: 300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional y creó la figura de comisiones de investigación de entidades paraestatales.

Una siguiente modificación, que incluyó diversas consultas públicas, fue la que se concretó en 1986 con Miguel de la Madrid; en ésta se incrementó de 100 a 200 el número de diputados electos por el principio de representación proporcional.

Otra más tuvo lugar en 1990 con un doble proceso de consultas previas. Uno que propuso el gobierno federal a través de la Comisión Federal Electoral y otro a través de las comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; en ésta se creó el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y en 1994 se planteó una nueva reforma que proponía la autonomía del organismo.

Y así, la lista de las modificaciones a la ley electoral es amplia, pero en todas se presentó una extensa consulta con analistas y partidos. La última fue la de 2014 que se enmarcó en el Pacto por México y consideró la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). Nos adelantan que la falta de consensos previos complicará la aprobación de las iniciativas en el Congreso y esto sin duda, podría convertirse en una piedra en el zapato para el gobierno federal.

Así las cosas…