La batalla por el 86 ¿perdida?

Por ello, en el Senado quieren calcular la mayoría calificada por exceso y no por defecto. En el caso de la votación de la reforma judicial, si se considera que la mayoría calificada de dos terceras partes se integra por 85.33 votos y siendo este un número fraccionado, ante la imposibilidad de dividir el voto de los legisladores, se debe entender que el requisito de dos terceras partes para lograr esa mayoría sólo se logra alcanzando el entero superior, es decir, un mínimo de 86 votos.

Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con 11 integrantes, la mayoría de dos tercios en una votación se logra con 7.3% de votos. Ante ello, las disposiciones constitucionales que establecen el requisito de mayoría calificada en esa instancia exigen 8 votos, mismos que se aplican para aprobar jurisprudencias, por lo que bajo este criterio las propias cámaras del congreso establecen que el cálculo debe “ajustarse” o redondearse hacia arriba.

El 11 de agosto de 2022 la Suprema Corte anuló una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de Morelos que requería mayoría calificada y se aprobó con 13 votos, cuando el cálculo resultó en 13.3, por lo que se consideró que no alcanzó el umbral que exigía la constitución estatal que era de 14 votos.

De acuerdo con la ley vigente todo decreto tiene dos discusiones en ambas cámaras; este martes se acabaría la primera: si la reforma se aprueba continuará su curso legal y se enviará a los congresos estatales para que logre al menos 17 votos aprobatorios, pero si se rechaza se devolverá a diputados quienes tendrán la opción de insistir en el proyecto.

Si se concreta este escenario, los legisladores tendrían que volver a votarlo, obtener mayoría calificada –que no sería problema– y enviarla por segunda ocasión al Senado, lo que abriría otro espacio de tensión respecto al número de votos, con esto, el presidente López Obrador y Morena tendrían una segunda posibilidad de volverlo a intentar.

En caso de que en la segunda vuelta se rechace nuevamente en la Cámara Alta, ya no podría discutirse otra vez en lo que resta del actual periodo, esto de acuerdo con el Artículo 72 inciso D de la Constitución.

La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué la insistencia del presidente López Obrador de aprobar la reforma judicial cuando analistas, inversionistas, empresarios, el gobierno de Estados Unidos, calificadoras, estudiantes de Derecho y hasta el Episcopado alertaron sobre los graves riesgos de aprobarla? La respuesta para muchos es que el mandatario buscaría cubrirse con un poder judicial desmantelado ante las innumerables fallas, faltas administrativas y legales que le podrían imputar durante la construcción de sus obras insignia.

Así las cosas…