La informalidad crece y se premia

Es increíble que en el interior de la Secretaría de Hacienda, bajo la tutela de Rogelio Ramírez de la O, se pasen de largo temas como el régimen de confianza. 

A decir de Mario Di Constanzo, economista, no habrá una gran recaudación, por el contrario, el efecto será contraproducente. 

El caso es que mientras un asalariado que gana en promedio 15 mil pesos mensuales paga por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) 21 mil 154 pesos anuales, los trabajadores apegados al régimen de confianza pagarán al año, por el mismo concepto, mil 800 pesos. 

Es decir, se premiará la informalidad y se castiga a los asalariados. Y vaya que en estos últimos años hay 3.9 millones de más pobres, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), bajo la dirección de Javier May Rodríguez. 

En esa misma proporción se han incrementado el desempleo y la informalidad. Ahora bien, de acuerdo con el Informe de Finanzas y Deuda Pública, en el año 2020 las retenciones a los asalariados fueron de 829 mil 291 millones de pesos, el 47% de la recaudación total de ISR, mientras que las personas físicas contribuyeron con 43 mil 306 millones de pesos, lo que representó sólo el 2.4%. Para el primer semestre de 2021 esta relación se mantuvo prácticamente igual. 

Con el nuevo régimen de confianza, a la persona que recibe un sueldo de 15 mil pesos mensuales (180 mil anuales) le retendrán 21 mil 154 pesos anuales por concepto de ISR. 

Para 2022, una persona física con actividades empresariales que tenga el mismo nivel de ingreso anual (180 mil pesos), pagará mil 800 anuales, lo que significa una diferencia de 19 mil 354.3 pesos, contra lo que le retienen a un asalariado. 

Este diferencial se incrementa en la medida que aumentan los ingresos, tanto del asalariado como de la persona física con actividades empresariales. 

Aunque pareciera que estas modificaciones pueden ayudar a fomentar la formalidad, la realidad es que de frente a una inestabilidad económica, falta de certeza jurídica en México y reformas que no ayudan, las condiciones pueden agudizarse. 

Cómo explicar que a poco de que comenzó en operación la reforma a la subcontratación, se quedaron sin trabajo unos 900 mil mexicanos; mientras que otros miles se vieron obligados a firmar contratos a modo, que recortaron 10% su ingreso real, en el mejor de los casos. 

A decir de los números analizados por el Centro de Estudios para el Empleo Formal, que preside Armando Leñero, hubo cero aumentos o mejora en los salarios pagados, que mantienen incrementos mensuales de hasta 6%, pero son cancelados por la tasa de inflación y no se obtienen beneficios sociales. 

Como si fuera poco, se generó un mercado paralelo de subcontratación ilegal, al que migraron muchos. Desafortunadamente, en varias dependencias siguen latentes los huecos legales y no tan legales.