Quién dijo NO a la recaudación fiscal
Vaya estrategias. El objetivo era ampliar la base tributaria y que hubiera una mayor recaudación fiscal, pero sin que ello implicara más gasto al Gobierno Federal.
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La decisión de los legisladores de Morena de posponer la discusión de la reforma eléctrica despertó varias suspicacias. La primera es que al gobierno mexicano le dolió el jalón de orejas de empresas, congresistas, así como de autoridades canadienses y estadounidenses ante posibles violaciones al T-MEC y la amenaza de salida de inversiones por el incumplimiento de acuerdos ya pactados. Eso, nos dicen, obligó a los muy altos mandos mexicanos a reconsiderar la iniciativa y mandarla al congelador, en tanto se calman las aguas.
Sin embargo, hay otras voces que no están tan seguras de que la propuesta está prácticamente muerta. Nos cuentan que incluso, representantes de grandes compañías nacionales y extranjeras continuarán reuniéndose con diputados, senadores y funcionarios de las Secretarías de Energía, Economía y Hacienda para alertar sobre el impacto que tendrá sobre las inversiones.
Por lo pronto, nos adelantan que algunas empresas de Estados Unidos y Canadá evalúan otras regiones de Latinoamérica, debido a que no perciben un entorno de seguridad jurídica en México, lo que tendría un grave impacto en el empleo y el crecimiento económico.
Pero la preocupación sobre la reforma eléctrica no sólo se centra en las compañías del sector sino de toda la cadena de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex. Por lo pronto, de aprobarse los cambios, se necesitaría una inversión millonaria del gobierno federal para modernizar y ampliar la capacidad de producción y distribución de la CFE, puesto que con la iniciativa tendrá que abastecer a todo el mercado nacional.
Llamó la atención la propuesta de la Secretaría de Hacienda para reformar el reglamento orgánico del Banco del Bienestar en donde se prevé un aumento en su capital social, el que pasará de mil 947 millones de pesos a 17 mil 447 millones de pesos, es decir un crecimiento de 796%.
La propuesta tiene como objetivo fortalecer a la institución, luego de que se le encomendara ampliar su red de sucursales a nivel nacional y apoyar a los migrantes, a través de un ambicioso programa que no logró los resultados esperados.
En este espacio dimos cuenta que hace unas semanas, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda informó ante legisladores que la iniciativa que busca bancarizar a la población migrante que radica en Estados Unidos alcanzó apenas las 2,400 cuentas en los casi seis meses desde que se puso en marcha.
Sólo para recordar lo que representan este universo, al cierre de 2019 se contabilizaron 12.3 millones de migrantes mexicanos en la Unión Americana.
Las medidas para apoyar a los migrantes se anunciaron luego de un largo debate entre el Banco de México y legisladores de Morena quienes impulsaron una iniciativa que tenía como finalidad darle salida a los dólares en efectivo que se quedan atrapados en las bóvedas de algunos bancos.
Ante los recientes cambios a la miscelánea fiscal que busca convencer a los jóvenes mayores a 18 a obtener su RFC, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) inició una campaña de apoyo para que las personas puedan iniciar este trámite sin mayores contratiempos y de forma segura.
Esta asesoría se podrá obtener a través de diversas vías: micrositio, talleres, tutoriales, documentos y videos informativos de la Prodecon.
Como parte de los cambios para el siguiente ejercicio fiscal, se consideró que todas las personas mayores de 18 años en adelante se encuentran obligadas a inscribirse ante el RFC a partir del próximo 1 de enero aún si no perciben ingresos o realizan alguna actividad económica; sin embargo, no estarán obligadas a presentar declaraciones o pagar contribuciones; tampoco serán sujetos de sanciones o multas.
Así las cosas…
Tagged as: Canadá, Hacienda, Reforma Eléctrica, Secretarías de Energía, T-MEC.
Marielena Vega 9 de noviembre de 2021
Vaya estrategias. El objetivo era ampliar la base tributaria y que hubiera una mayor recaudación fiscal, pero sin que ello implicara más gasto al Gobierno Federal.